La periodicidad de la revisión documental y actualización de la información de los clientes se establece en función del riesgo asignado a cada cliente: Riesgo Bajo: Cada 5 años. Riesgo Moderado: Cada 3 años. Riesgo Medio: Cada 2 años. Riesgo Alto: Cada año. Adicionalmente, se realiza un contraste del cliente y los titulares reales contra Listas de Riesgo con esta periodicidad.
Generalmente, se deja de considerar PRP a una persona dos años después del cese de sus funciones, tal y como recoge el artículo 14.9 de la Ley 10/2010. Sin embargo, para ciertos cargos de alta relevancia (Jefes de Estado/Gobierno, Presidentes de Comunidades Autónomas), la consideración puede ser indefinida, y para otros (ministros, parlamentarios, altos magistrados), puede extenderse a 10 años desde el cese.
La Matriz RBA es una herramienta que permite asignar una puntuación (Scoring) de riesgo a cada cliente y a cada operación. Considera múltiples factores como las características del cliente (KYC), las características de la operación (importe, tipo, forma de pago, origen/destino de fondos), y factores propios del sujeto obligado (como su dimensión, antigüedad, y nivel de cumplimiento normativo). Esto permite segmentar a los clientes y operaciones por niveles de riesgo (bajo, moderado, medio, alto) y aplicar las medidas de diligencia debida correspondientes.
Centro de Valores, como entidad sujeta a la Ley 10/2010, tiene como órgano supervisor a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), adscrito al Banco de España, actúa como órgano de apoyo de dicha comisión.
Son aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes (como jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios, magistrados de tribunales supremos o constitucionales, miembros de tribunales de cuentas o consejos de bancos centrales, embajadores, alto personal militar, miembros de órganos de administración de empresas públicas, directores de organizaciones internacionales y cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria). La definición también incluye cargos relevantes a nivel autonómico y local en España, así como en organizaciones sindicales o empresariales y organizaciones internacionales acreditadas en España.
Las medidas de diligencia debida simplificada son un conjunto de actuaciones más ágiles que Centro de Valores aplica a clientes que, por su naturaleza y el tipo de actividad que desarrollan, se considera que presentan un riesgo bajo de estar involucrados en operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
Si un cliente o potencial cliente rehúsa facilitar la documentación requerida para su correcta identificación formal, la identificación de los titulares o beneficiarios reales, Centro de Valores no establecerá ni mantendrá relaciones de negocio con dicha persona física o jurídica.
